A casi 8 años del golpe de estado militar en contra del expresidente Manuel Zelaya, recordado como el primer éxito de la contraofensiva conservadora en la región en el siglo XXI, Honduras, además de haber visto debilitarse su ya frágil institucionalidad, cada día reporta peores condiciones de vida para sus ciudadanos.
Tanto es así que los hondureños son los más infelices de América Latina según lo que dice el último informe Mundial de la Felicidad publicado el pasado marzo por la Organización de las Naciones Unidas. En el estudio se analizan diversos indicadores, como el sistema político, la inversión pública, la corrupción, la educación o el sistema de sanitario de más de 150 países. Para su elaboración este año se utilizaron datos de entre 2014 y 2016.
Crecimiento no inclusivo
Si nos quedamos con el frente macroeconómico, es notorio que el país centroamericano parece haber experimentado una recuperación moderada desde la crisis financiera de 2008, que salvo al año siguiente tras la crisis política después del derrocamiento de Zelaya, ha reportado una expansión promedio del PIB de 3%. En 2017 está previsto que crezca en un rango no menor del 3,5%, impulsado principalmente por las exportaciones y altos ingresos por remesas.
Los pronósticos positivos los alienta el Fondo Monetario Internacional (FMI), institución que el pasado 22 de mayo envió una de sus misiones económicas a Tegucigalpa para discutir las perspectivas económicas y hacer la quinta y penúltima revisión de los resultados de la implementación durante 2016 y el primer trimestre de 2017, del acuerdo económico firmado en diciembre de 2014 con vigencia hasta finales de este año.
A través de este programa se impuso el alza de impuestos regresivos para el grueso de la población como el IVA que pasó del 12% al 15%, así como el aumento de los impuestos a los derivados del petróleo que supusieron ingresos millonarios al Estado, pero que en lugar de reinvertirlos en mejoras productivas, fueron utilizados como un parche para el hoyo fiscal. Por su parte, minorías económicas privilegiadas siguen gozando de importantes exenciones fiscales.
En el documento-declaración hecho al término de la visita de los hombres de negro del FMI, el organismo dirigido por Christine Lagarde, alentó al gobierno del conservador Juan Orlando Hernández, y actual candidato a repetir como presidente de Honduras, a continuar con sus políticas macroeconómicas, financieras y tributarias con las que lograr un crecimiento más “sólido e incluyente”.
Como es habitual, esta evaluación y sus consiguientes consideraciones dejaron por fuera asuntos de corte estructural que aquejan la economía real hondureña, expuesta y vulnerable a choques externos, así como las cifras que dan cuenta de cómo este modelo se sostiene sobre la base de un crecimiento empobrecedor.
En este particular, el Banco Mundial ha sido más honesto: reconoce los significativos desafíos que enfrenta Honduras, un país al que califica dentro del renglón “ingreso medio bajo”, donde más de la mitad de la población vive bajo la línea de la pobreza y además es azotada por la normalización del crimen organizado y la violencia.
En menos de un año culminará la segunda administración nacionalista.
El próximo 26 de noviembre, poco más de cinco millones de electores tienen cita para definir quién será su presidente para el período 2018-2022. Juan Orlando Hernández, se la volverá a jugar. Busca repetir en el Ejecutivo incluso a pesar de haber sido incapaz, durante todos estos años de diseñar una política económica que atienda las necesidades más urgentes de los hondureños.
Las fuentes de ingresos son escasas y en lo laboral no hay garantías:
Puesto N° 5 en el ranking 2016 de los países de América Latina con la tasa más alta de desempleo: 7,4%
1 de cada 2 hondureños tienen problemas de empleo, o se encuentran en desempleo abierto o subempleo.
Existen carencias productivas en los principales sectores generadores de puestos de trabajo como la construcción, la agricultura y la industria.
Tampoco existen políticas dirigidas a elevar el nivel educacional:
Para junio de 2016, un 11% de los hondureños no sabían ni leer ni escribir.
La tasa de analfabetismo continua siendo mayor en la población del área rural con un 17,2% frente a un 6,3% en el cono urbano.
Este indicador refleja a su vez otro sobre el nivel educativo: del total de personas que se encuentran ocupadas, un 52,3% alcanzaron educación primaria mientras que únicamente el 11% completó estudios de educación superior.
No hay redes efectivas de protección social y la desigualdad es galopante porque no hay voluntad de hacer algo que resuelva el tema de la redistribución.
Y es que, aunque mucho se habla de cuánto ha crecido, el pastel hondureño no se ha repartido en partes equitativas, de hecho, el principal problema que no ha sabido encarar el gobierno de Juan Orlando Hernández es la pobreza.
Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras, el 60,9% de los hogares del país se encuentran en condición de pobreza con ingresos por debajo del costo de una canasta básica de consumo. En números concretos:
5.700.000 personas que viven bajo estas condiciones.
3.700.000 están en situación precaria o extrema.
La pobreza es más grave en el área rural (62,9%) y donde aproximadamente 1 de cada 5 hondureños sobrevive con menos de USD$ 2 diarios.
El flagelo en el área urbana también alcanza a más de la mitad de los hogares: 59,4%.
Todo esto mientras los niveles de inversión pública en infraestructura se han mantenido al mínimo y han oscilado entre 1% y 2% del PIB, muy por debajo del los estándares internacionales que señalan debería situarse entre el 5% y el 6%.
El año 2017 se presenta como una nueva oportunidad en Honduras para emprender una cruzada democratizadora en búsqueda de un país en el que se multipliquen las oportunidades para todas y todos, en un marco de justicia social económica. Eso, o decidir seguir con el engaño de un crecimiento que excluye a las mayorías.
* Crismar Lujano (@Clujan0)
Investigadora CELAG
PUBLICADO POR NO NOS OLVIDAMOS
